El gobierno de Sarkozy plantea una nueva ley para frenar la inmigración ilegal: toda empresa que tenga en su plantilla de empleados a inmigrantes en una situación irregular será cerrada. La noticia ha sido publicada este pasado domingo por el ministro de Trabajo, Xavier Arcos, (en la imagen superior) el que aseguró que el nuevo texto estará listo en pocas semanas y que otorgará poder a los delegados del Gobierno francés en las diferentes provincias del país.
La legislación propuesta por los franceses prevé tanto indemnizaciones para los trabajadores sin permiso de residencia y trabajo como multas para las empresas que los contraten. Los sectores en los que más se contratan a estos trabajadores son la construcción y los restaurantes de comida rápida.
Según el gobierno, la medida no es un golpe contra la inmigración sino una traba a la contratación de este tipo de inmigrantes. De este modo, muchas empresas se verán obligadas a regularizar la situación laboral de estos inmigrantes. Así pues, desde hace varias semana más de 5.000 inmigrantes contratados de manera irregular se manifiestan frente a sus lugares de trabajo pidiendo que su condición laboral se normalice.
Esta es sólo una de las tantas medidas que el gobierno de Sarkozy ha tomado con respecto a la inmigración en los últimos meses, entre otras el desmantelamiento el pasado mes de septiembre de los campamentos improvisados de inmigrantes en Calais o el lanzamiento de un debate sobre la identidad francesa a nivel nacional.
Según Darcos, ministro de Trabajo, el resultado del trabajo que realizan estos inmigrantes asalariados en situación irregular corresponde al 4% del PIB (Producto Interior Bruto) del país, unos 60.000 euros. Por su parte, el Partido Socialista Francés y su principal portavoz, Martine Aubry, asegura que esta medida no servirá de nada y aconseja a Sarkozy que regularice la situación de los inmigrantes en Francia, un colectivo que ronda las 300.000 personas.
Fuente: elpais.com
La legislación propuesta por los franceses prevé tanto indemnizaciones para los trabajadores sin permiso de residencia y trabajo como multas para las empresas que los contraten. Los sectores en los que más se contratan a estos trabajadores son la construcción y los restaurantes de comida rápida.
Según el gobierno, la medida no es un golpe contra la inmigración sino una traba a la contratación de este tipo de inmigrantes. De este modo, muchas empresas se verán obligadas a regularizar la situación laboral de estos inmigrantes. Así pues, desde hace varias semana más de 5.000 inmigrantes contratados de manera irregular se manifiestan frente a sus lugares de trabajo pidiendo que su condición laboral se normalice.
Esta es sólo una de las tantas medidas que el gobierno de Sarkozy ha tomado con respecto a la inmigración en los últimos meses, entre otras el desmantelamiento el pasado mes de septiembre de los campamentos improvisados de inmigrantes en Calais o el lanzamiento de un debate sobre la identidad francesa a nivel nacional.
Según Darcos, ministro de Trabajo, el resultado del trabajo que realizan estos inmigrantes asalariados en situación irregular corresponde al 4% del PIB (Producto Interior Bruto) del país, unos 60.000 euros. Por su parte, el Partido Socialista Francés y su principal portavoz, Martine Aubry, asegura que esta medida no servirá de nada y aconseja a Sarkozy que regularice la situación de los inmigrantes en Francia, un colectivo que ronda las 300.000 personas.
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